Derecho Internacional

República de Cuba

Desde 1960, el bufete ha prestado servicios legales a la República de Cuba y sus agencias y empresas, en todos los asuntos legales relacionados con Estados Unidos. El Bufete ha sido el único asesor legal de Cuba en Estados Unidos por casi 50 años.

El Bufete ha asesorado a Cuba en muchos de los asuntos más difíciles que han surgido en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, incluyendo las sanciones económicas estadounidenses contra Cuba, la aplicación extraterritorial de las leyes del embargo y la nacionalización en Cuba de propiedades de norteamericanos y nacionales cubanos. El bufete brinda asesoramiento jurídico al gobierno cubano con respecto a las implicaciones para las relaciones entre ambos países de las leyes y los proyectos de leyes de regulaciones de los Estados Unidos.

El Bufete ha brindado asesoría al gobierno cubano sobre asuntos de derecho internacional relacionados con los procedimientos en la ONU, incluyendo resoluciones de la Asamblea General que condenan las sanciones económicas contra Cuba. Michael Krinsky, uno de los socios del bufete, escribió con otro abogado del Bufete el libro United States Economic Measures Against Cuba: Proceedings in the United Nations and International Law Issues (Michael Krinsky & David Golove eds., Alethia Press 1993), un libro basado, en parte, en el trabajo del bufete sobre la primera resolución de la Asamblea General condenando el embargo norteamericano contra Cuba. Financiado por la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, el libro ha sido elogiado por las revistas American Journal of International Law y Foreign Affairs.

El bufete ha representado al gobierno cubano, su banco central y sus empresas estatales en litigios de significación histórica. Vea mas adelante los detalles.

Ha asesorado a las empresas de Cuba en sus transacciones comerciales en todas las áreas comerciales permisibles en los Estados Unidos.

El bufete representa a las compañías tabacaleras cubanas, Cubatabaco y Habanos, S.A., así como a otras numerosas empresas cubanas para lograr la protección de sus marcas en Estados Unidos. El trabajo del Bufete incluye desde litigios, como por ejemplo el actual proceso judicial por el derecho a la reconocida marca COHIBA, hasta el registro de marcas en la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU. Para más detalles sobre el trabajo del bufete en este campo vea la sección Propiedad Intelectual

Litigios de importancia histórica en nombre de Cuba, sus agencias y empresas.

En representación de sus clientes cubanos, el Bufete ha litigados numerosos casos de importancia histórica en el campo del derecho internacional y de relaciones exteriores. Estas decisiones judiciales, muchas de ellas emitidas por la Corte Suprema de Estados Unidos, establecen principios legales de mucha importancia para otros países soberanos y no solo para Cuba. Estas decisiones incluyen:

La Doctrina de «Entidad Separada» aplicable a empresas estatales

La decisión de la Corte Suprema en el caso First National City Bank vs. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba (Bancec), litigado por el Bufete, estableció el principio argumentado por el Bufete de que empresas estatales extranjeras no responden, con excepciones muy limitadas, por las obligaciones y deudas del estado extranjero. Los tribunales de primera instancia y de apelación han aplicado el principio establecido en el caso Bancec en decenas de casos que involucran a muchos otros países. Bancec es un elemento esencial para que las empresas estatales mantengan relaciones comerciales y financieras con Estados Unidos, porque sin la protección de este principio estarían sujetas a embargos de bienes y fallos judiciales con consecuencias potencialmente catastróficas, basados en actos de un estado extranjero, no relacionados con ellas.

En el caso Alejandre v. Republic of Cuba, el bufete basó con éxito su argumento en el principio de «entidad separada», que se ha establecido en la Corte Suprema, para proteger los pagos de las deudas de la AT&T, la MCI y otras compañías a la empresa telefónica de Cuba. En dicho caso, los demandantes intentaron tomar esos pagos para satisfacer una sentencia en rebeldía obtenida contra la República de Cuba.

Doctrina del «Acto del Estado»

En el caso titulado Banco Nacional de Cuba vs. Sabbatino, el Bufete logró una decisión notable de la Corte Suprema de los EEUU que dispone que las cortes de los Estados Unidos, con pocas excepciones, no deben cuestionar la legalidad de los actos de un estado soberano realizados dentro de su propio territorio, aun cuando se alegue que estos actos violan el derecho internacional.

La decisión en el caso Sabbatino forma la base de la doctrina moderna del «acto del estado» que protege, en la mayoría de las circunstancias, a los actos soberanos de ser sujetos a demandas en las cortes de Estados Unidos. En dos casos posteriores litigados por el bufete, la Corte Suprema refinó la doctrina del «acto del estado» (Banco Nacional de Cuba v. First National City Bank; Alfred Dunhill of London, Inc. vs. Republic of Cuba).

Nacionalizaciones

El bufete ha litigado los principales casos judiciales en Estados Unidos sobre el tema de la nacionalización de propiedades. En el caso Sabbatino, la Corte Suprema falló que la doctrina del «acto del estado» prohíbe que los tribunales de Estados Unidos procesen demandas basadas en la nacionalización de propiedades norteamericanas ubicadas en un país extranjero en el momento de su nacionalización. En Sabatino, la Corte Suprema también reconoció la falta de consenso sobre si el derecho internacional tradicional exige compensación por dichas nacionalizaciones.

En el caso Banco Nacional de Cuba vs. Chase Manhattan Bank (Chase ), el Bufete convenció a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de que el derecho internacional no apoya a la tradicional «Doctrina Hull» que exige la compensación «inmediata, adecuada y efectiva» que es el argumento propugnado por el Departamento de Estado. Chase es la decisión judicial más importante en Estados Unidos sobre la cuestión de compensación bajo el derecho internacional.

En una serie de casos, como Mendendez v. Faber Coe & Gregg, el Bufete logró la aceptación en las cortes del principio de que el derecho internacional no limita el derecho de un país soberano de expropiar la propiedad de sus propios nacionales. En casos como Banco Nacional de Cuba v. Chemical Bank, el Bufete estableció excepciones a la norma general de que los estados extranjeros no pueden recuperar la propiedad de empresas nacionales nacionalizadas cuando esta propiedad está ubicada en Estados Unidos en el momento de la nacionalización.

Derecho cubano

Debra Evenson, asesora del Bufete, es considerada uno de los expertos norteamericanos con más conocimiento del sistema legal de Cuba. La más reciente de sus numerosas publicaciones sobre el derecho cubano es su libro DERECHO Y SOCIEDAD EN LA CUBA CONTEMPORANEA (Kluwer Law International, 2003).

República de Sudáfrica

Actualmente el Bufete esta defendiendo a la República de Sudáfrica en un litigio sobre reclamaciones contra ciudadanos de Sudáfrica basadas en argumentos de que estos individuos actuaron como agentes del régimen del apartheid en sus esfuerzos de evitar sanciones económicas.

El Bufete también está presentando las objeciones de Sudáfrica a la competencia de las cortes de Estados Unidos para tratar las reclamaciones de particulares contra los bancos y corporaciones norteamericanas por haber comerciado con Sudáfrica en la época del apartheid. La República de Sudáfrica argumenta que solamente las cortes de Sudáfrica pueden decidir sobre la responsabilidad de las corporaciones norteamericanas, no las cortes de los EEUU.

El Bufete ganó un litigio basada en inmunidad soberana en representación de la República de Sudáfrica en relación con su intento de prohibir el uso no autorizado de nombres de dominio en Internet utilizando el nombre «Sudáfrica».

El Bufete asesoró al gobierno sudafricano y colaboró en la preparación de presentaciones ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN).

Banco Central de Irán (Bank Markazi Irán)

Durante el conflicto entre Irán y Estados Unidos de 1979-81, el Bufete representó exitosamente al Banco Central de Irán (Bank Markazi Iran) en un litigio para proteger millares de millones de dólares para que no fueran confiscados por los bancos estadounidenses alegando el no pago de préstamos por parte de entidades comerciales iraníes. El Bufete logró una decisión judicial reconociendo el derecho del Banco Central a proceder con un litigio en Londres para determinar la validez de las reclamaciones de los bancos estadounidenses y no ser forzado a resolver las reclamaciones de estos bancos en las cortes de Estados Unidos. En otro litigio relacionado con más de 100 casos en las cortes de Estados Unidos, el Bufete logró órdenes disolviendo embargos judiciales contra las cuentas del Banco Central en ese país como resultado de reclamaciones comerciales contra las empresas estatales iraníes.

El Bufete elaboró el protocolo que se convirtió en la base de las Declaraciones de Argelia, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos que dispuso la liberación del personal de la embajada estadounidense secuestrado en Irán, la transferencia a Irán de los bienes iraníes bloqueados en Estados Unidos, la suspensión de todos los pleitos privados contra Irán y entidades iraníes en las cortes estadounidenses, y el establecimiento del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos en La Haya para resolver todas las reclamaciones de nacionales estadounidenses contra Irán y sus empresas. En relación con estos y otros aspectos, el Bufete brindó consejos legales a Irán durante la crisis en las relaciones entre Irán y los EEUU.

Las corporaciones estadounidenses con reclamaciones contra Irán presentaron demandas en las cortes de Estados Unidos cuestionando las Declaraciones de Argelia, basándose en el argumento de que el Presidente estadounidense excedió su autoridad constitucional aprobando, sin el consentimiento de ellos, el rechazo de sus pleitos y la anulación de sus embargos a las propiedades iraníes. El Bufete representó al Banco Central de Irán ante la Corte Suprema en el caso de importancia histórica de Dames & Moore v. Regan, que falló a favor de la validez de las Declaraciones de Argelia y contra el ataque de las corporaciones estadounidenses.

Posterior a la decisión de la Corte Suprema, el Bufete representó al Banco Central y a otras entidades del gobierno iraní en procesos ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos en conflictos con el mismo gobierno estadounidense. Estos incluyeron temas como el desbloqueo de bienes iraníes en Estados Unidos y las reclamaciones de Irán por equipamientos militares que no han sido entregadas.

Primer Ministro Papandreou y la República Helénica (Grecia)

El Bufete representó al Primer Ministro Andreas Papandreou en su polémica demanda contra la revista TIME por difamación. También, el Bufete representó al gobierno de Grecia en su intento de extraditar a un ex-funcionario griego de alto nivel acusado de corrupción, así como en varios otros asuntos.

Presidente Jean-Bertrand Aristide y la República de Haití

El Bufete representó exitosamente el Presidente Aristide, exiliado en Estados Unidos en aquel entonces, afirmando la inmunidad de «Jefe de Estado» para ganar una demanda por el supuesto asesinato de un líder del golpe de estado. El caso se mantiene como el precedente jurídico más importante en Estados Unidos sobre la doctrina de inmunidad de «Jefe de Estado».

El Bufete ganó un litigio para recuperar bienes del estado de Haití robados por la familia Duvalier que se habían llevados clandestinamente a Nueva York. También ayudó al Centro de Derechos Constitucionales en esfuerzos similares a nombre del gobierno de Filipinas para recuperar bienes robados por el ex Presidente Marcos.

República de Chile

Durante la presidencia de Salvador Allende, el bufete representó a la República de Chile, su empresa estatal del cobre (CODELCO) y su corporación de desarrollo (CORFO). El bufete renunció a su representación cuando el gobierno de Allende fue derrocado por el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

El bufete asesoró al gobierno de Allende en relación a las nacionalizaciones de las compañías del cobre que eran propiedad de norteamericanos, defendió a Chile, CORGO y CODELCO en los litigios posteriores presentados por las compañías estadounidenses del cobre. Mientras tenía lugar el litigio sobre las órdenes judiciales de embargo de propiedades chilenas, el Bufete asesoró a Chile y a sus empresas sobre cómo reestructurar mejor sus transacciones comerciales con Estados Unidos. Aunque no fueron impuestos por el gobierno de Estados Unidos como sanciones formales, los embargos judiciales obtenidos por la compañías norteamericanas significaron una amenaza tan seria a las relaciones comerciales con Estados Unidos que el gobierno de Allende condenó estos embargos como un «bloqueo invisible» estimulado por el gobierno estadounidense.

Nicaragua

Durante el periodo del gobierno del Frente Sandinista, el Bufete representó a las empresas estatales de Nicaragua en litigios relacionados con las nacionalizaciones. También representó a la Misión de Nicaragua ante las Naciones Unidas.

Angola

El Bufete representó a la línea aérea estatal de Angola, TAAG, en un litigio comercial. Representó a la Misión de Angola ante las Naciones Unidas.

Misión Observadora ante la ONU de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)

El Bufete representó a funcionarios de la Misión Observadora Permanente de la OLP ante la ONU para obtener un orden judicial que prohibiera a estados Unidos cerrar la Misión según la Ley Anti-terrorismo de 1987.

Programas de Sanciones Económicas de Estados Unidos

El Bufete asesora a numerosos clientes norteamericanos y de otros países (corporaciones, fundaciones, universidades, asociaciones e individuos) con respecto a las restricciones estadounidenses sobre transacciones con ciertos países. Vea Programas de Sanciones Económicas de los Estados Unidos.

Derecho Constitucional

Buena parte del trabajo del Bufete en el campo del derecho constitucional ha sido enfocado en los intentos del gobierno de Estados Unidos de interferir en los contactos internacionales y castigar el supuesto apoyo a los movimientos políticos extranjeros. Los litigios llevados por el Bufete en el campo del derecho constitucional frecuentemente han estado relacionados con la asignación de autoridad sobre relaciones exteriores entre las tres ramas del gobierno. Vea Derecho Constitucional.

Propiedad Intelectual Internacional

El Bufete tiene una práctica muy activa en el campo de marcas, derecho de autor y otras propiedades intelectuales, con énfasis en la protección de marcas extranjeras en Estados Unidos. Vea Propiedad Intelectual.